Italia, Asistencia jurídica para detenidos por drogas

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La labor del abogado penalista que presta asistencia jurídica a los detenidos por drogas puede resumirse en tres funciones fundamentales:

- Brindar instrucción
- Evaluar las pruebas
- Conseguir la libertad del detenido
- Proteger los derechos del detenido

BRINDAR INSTRUCCIÓN

La asistencia jurídica a detenidos por drogas comienza por una labor instructiva que brinda el abogado a su representado, instrucción dirigida a que el detenido posea los más amplios conocimientos posible en torno a sus derechos, a las diligencias a que está obligado a someterse y las que no, las reales posibilidades que se abren respecto a su caso, etcétera, de modo que el mismo esté preparado para:

1- No declarar ni aceptar nada que pueda constituir una forma de auto incriminación.

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2- No incurrir en actitudes que constituyan rebeldía, desacato a la autoridad u obstrucción del actuar de la justicia.

EVALUAR LAS PRUEBAS

A partir de que el detenido designa abogado, este está facultado para acceder a la documentación relativa al caso en cuestión, de modo que pueda revisar todos los extremos concernientes a la detención de su defendido. Específicamente en los casos de detención por drogas es muy importante definir las circunstancias que rodean el hallazgo de las drogas, debiendo el abogado establecer si se trata de un caso de flagrancia, esto es cuando las drogas son halladas en posesión del detenido, o un caso de aleatorio hallazgo de drogas, en los cuales la conexión de aquellas con el detenido se establece más tarde.

El hallazgo de las sustancias prohibidas es un factor fundamental en los casos de detención por drogas. Las drogas, como elemento objetivo de estos delitos, solo pueden servir como evidencia material si fueron detectadas e incautadas con estricto cumplimiento de los procedimientos establecidos para el trabajo de los departamentos antinarcóticos, o cualquier tipo de entidad que se desempeña en la lucha contra las drogas.

Por ejemplo, las sustancias encontradas como resultado de un allanamiento de la policía solo pueden ser usadas como evidencia para la apertura de un proceso por drogas, si el allanamiento fue realizado contando con el nivel de autorización o disposición requerido, o, en su defecto, con consentimiento de la persona objeto de tal acción.

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Los defectos o violaciones del procedimiento inherente al hallazgo de las drogas pueden redundar en la ineptitud de las mismas como evidencia, y consecuentemente, en la inviabilidad de un proceso al respecto.

Otro elemento muy importante a revisar por el abogado como parte de su función de brindar asistencia jurídica es la verificación de la identidad del detenido. No son pocos los casos en que resultan detenidas personas que responden a la descripción física de quien se busca como traficante de drogas, incluso observándose coincidencia en el nombre, sin embargo, al final queda claro que se trata de otro individuo. La identidad de la persona debe ser exhaustivamente ratificada, no resultando suficiente su documento identificativo, si lo posee, sino otros datos que demuestren concomitancia de rasgos anatómicos, uso de alias, etcétera.

CONSEGUIR LA LIBERTAD DEL DETENIDO.

El recurso más conocido popularmente relativo a la consecución de la libertad es el hábeas corpus. Sin embargo, este recurso es concebido, en principio, para evitar apresamientos arbitrarios, de modo que se use para conseguir la inmediata puesta en libertad de personas presas sin una razón legítima.

Si una detención por drogas se produce con cumplimiento de los procedimientos y sin quebrantar ninguna formalidad, existiendo además suficiente fundamentación para que la aprehensión fuere ordenada, no se trata de una detención ilegítima.

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Sin embargo, el hábeas corpus extiende un poco más sus efectos hacia los casos en que, aun siendo legítima la retención del reo, se incurra hacia el mismo en tratamientos inhumanos. El fundamento para ello es el principio universalmente aplicado referente a que la privación de la libertad del ser humano solo puede realizarse con carácter punitivo, con base en sentencia firme, o en aras del aseguramiento del individuo para su puesta a disposición de la justicia.

Por lo tanto, la permanencia en prisión con un carácter preventivo, esto es, cuando el sujeto no ha sido condenado, solo es viable cuando existen razones para justificar esa medida. Y es esta la línea de acción a seguir por el abogado de detenidos por drogas, quien tiene la facultad de interponer recurso contra el acto judicial que dispuso la prisión preventiva. Para ello debe armarse de argumentos para garantizar que su representado estará a disposición de la autoridad cuando fuere llamado, así como que el mismo no representa un peligro o una potencial fuente de obstaculizaciones para el normal desenvolvimiento del proceso.

En los casos en que la puesta en libertad implique el cambio por otra medida cautelar pecuniaria, el abogado debe demostrar la capacidad de su defendido para asumir la cuantía alzada en concepto de precio de fianza.

PROTEGER LOS DERECHOS DEL DETENIDO

Mientras dure la detención, la cual puede derivar en prisión provisional sino se consigue la libertad, el detenido debe ser transferido hacia una instalación dotada con las condiciones necesarias para la ejecución de esta medida. El abogado vela porque esto se cumpla, sin que su representado permanezca en la comisaría, o estación policial donde fue en principio recluido, lugares estos que están diseñados para la estadía de los presos por un lapso de tiempo determinado en la ley.

Que el detenido cuente con las condiciones para satisfacer sus necesidades básicas con la dignidad que merece toda persona, es otra de las metas de su abogado defensor, así como que se respete el derecho a las visitas de sus familiares, a la comunicación y a recibir información, y la protección de su vida e integridad.